Punto 1.- Adopción de acuerdo, en su caso, de adquisición y financiación por el Colegio de la Abogacía de Almería al Obispado de la Diócesis de Almería de la finca registral 25371, Registro de la Propiedad N.o 2 de Almería, referencia catastral 8973005WF478750099KF, con el objeto de instalar la sede colegial.
Punto 2.- En caso de aprobación del punto 1, autorizar a la Junta de Gobierno a ofertar la venta de la actual sede de c/ Alvarez de Castro, 25 de Almería, para una vez obtenidas ofertas someter a Junta General Extraordinaria el acuerdo de venta.
Punto 3.- Autorizar, en su caso, al Decano y al Secretario de la Junta de Gobierno para comparecer en notaría a fin de ejecutar el acuerdo que pudiera adoptarse.
La asistencia de colegiados a la convocatoria fue masiva y desbancó cualquier previsión al respecto, por lo que la votación no pudo celebrarse a mano alzada, siendo requerido el uso de urnas con improvisadas papeletas.
El contundente resultado no dejaba lugar a la duda. Votaron a favor de los puntos del orden del día y en definitiva por el cambio de sede colegial, un total de 236 ejercientes y 10 no ejercientes, frente a 92 ejercientes y 2 no ejercientes que optaron por el no, junto con la abstención de 4 ejercientes.
Por mi parte, no oculto que desde que tuve conocimiento de esta onerosa operación inmobiliaria me situé entre la minoría de quienes están en disconformidad de la adquisición de este edificio, situado en el número 22 de la calle Limoneros, muy cerca de los juzgados.
Sin duda, todos estos argumentos a priori guardan por sí mismos el suficiente peso para apoyar sin ningún tipo de fisura la decisión finalmente corroborada en urnas, lo que irremediablemente obliga a preguntarse porqué existe una minoría bastante amplia de colegiados/as que han votado en contra.
Vaya por delante que, muy al contrario de lo que nuestra Junta de Gobierno sostiene, el precio de adquisición de la nueva sede ni mucho menos hace de la operación una ganga, y para mí, sea el que sea y fuese cual fuese siempre me parecerá caro por la sencilla razón de que todo aquello que realmente no se necesita, realmente lo es, y es que la actual sede colegial sencillamente se adecúa a las actuales necesidades del colectivo. V. gr.: desde la entrada en funcionamiento del software Justitof como medio para la justificación de las actuaciones del turno de oficio, la afluencia de colegiados/as a la sede sea visto reducida exponencialmente; otro ejemplo, desde la posibilidad de poder asistir a cursos, ponencias y conferencias pro medios telemáticos, el ver más de treinta compañeros/as en el salón de actos, se ha convertido en una rareza.
“El tradicionalmente muy escuálido presupuestariamente dotado Ministerio de Justicia está abordando una millonaria reforma tecnológica de medios, para apostar por un progresivo uso de la inteligencia artificial.”
El ejercicio de la abogacía se encuentra, como otras muchas profesiones, en un periodo de podíamos calificar como transitorio, aguardándonos una serie de cambios, especialmente tecnológicos, de la suficiente entidad como para modificarlo por completo, sin que a día de hoy sepamos a ciencia cierta cuales van a ser las necesidades exactas que los abogados y abogadas vamos a requerir para desenvolvernos en el nuevo escenario que prácticamente se nos viene encima, y en este sentido vaya por delante que el tradicionalmente muy escuálido presupuestariamente dotado Ministerio de Justicia está abordando una millonaria reforma tecnológica de medios, para apostar por un progresivo uso de la inteligencia artificial.
En efecto, todo apunta a que el uso de la inteligencia artificial va conllevar para las/os abogados/as la exigencia de contar con unos medios tecnológicos, ahora mismo pendientes de perfeccionamiento y desarrollo, y costes muy altos. De hecho, los grandes despachos están invirtiendo astronómicas sumas en programas de investigación y desarrollo de la inteligencia artificial.
Y es que el buen fin de la operación, pasa por vender a un bien precio la actual sede colegial, empresa nada fácil si se tiene en cuenta que en la zona de ubicación ningún banco, aseguradora o gran empresa van a querer tener oficinas, quedando como única potencial cliente la administración, concurriendo pues un alto riesgo de vernos con dos sedes, una buena parte de los ahorros colegiales evaporados y haciendo frente a un préstamo hipotecario de importante cuantía.
Me comentaba unos días antes de la votación una compañera acérrima defensora del si, que para hacer más atractiva la venta de la actual sede, podía recurrirse a la transformación de su planta superior en dos pisos de uso residencial, lo que a mi juicio constituye un sonoro disparate, pues además de las dificultades que para la obtención de las oportunas licencias de naturaleza urbanística concurren, los costes de la obra de reforma serían muy elevados, tornando la operación en absolutamente ruinosa.
Por último, no debe olvidarse que durante un numero de años indeterminado, dos plantas del nuevo edificio serán ocupadas por un sacerdote que presta servicios en la parroquia contigua, jocoso extremo que ninguna gracia tiene.
Dicho esto, a la vista del resultado de la votación, realmente lo único que ahora deseo es que el tiempo me quite la razón y torne mis argumentos en estériles; por una vez en la vida me gustaría estar totalmente equivocado. Ojalá así sea.
