Corren tiempos difíciles en los que la abogacía no gana para sobresaltos. Primero fue el Gallardonazo, que a muchos expulsó de la jurisdicción civil para siempre; después, las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19; acto seguido, los devastadores efectos de la huelga de LAJ, y sin pausa ni descanso, ni anestésico alguno que valga, los derivados de la emprendida casi de manera forzosa por los funcionarios de justicia.

Lo peor es que la respuesta de la abogacía institucional ante esta situación ha quedado condensada, anatomía de un instante, en aquella foto publicada en medios y tomada durante la visita de la Sra. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española a la flamante nueva sede de Legalitas con ocasión de su inauguración, acompañada de algunos elementos de la clase política. Advierto que no se trata de un guiño al sarcasmo ni al humor negro, sino de una verdad y de las serias.

Y mientras las bandejas de canapés corrían por tan fastuoso ágape, aquellos que tras cuarenta años de ejercicio les llegó el momento de comenzar un bien ganado retiro, llamaron confiadamente a su Mutualidad, -esa entidad de todos los mutualistas a la que durante ese largo periodo han satisfecho religiosamente las aportaciones que les han sido exigidas, que se presumía alcanzaban el 80% de lo que correspondería pagar en el RETA por la base de cotización mínima, por lo que sólo se cubría jubilación, orfandad y viudedad pero no sanidad- con el propósito de conocer la cuantía de su “pensión”, para llevarse la mayor “sorpresa”, o mejor dicho “susto”, de sus vidas, esas mismas que en lo sucesivo tendrán que amoldarlas a los magros 350/450 euros que cobrarán mensualmente, cuantía muy inferior, v.gr. a la de una pensión no contributiva o el paro taleguero que algunos de su más distinguidos clientes han percibido tras ser licenciados en prisión.

Dicho de otro modo, percibo que mientras los de arriba acuden a fiestas y cobran cuantiosas dietas, los demás portaremos nuestra toga con orgullo -posiblemente la mejor de las virtudes entre los tontos- hasta el día que nos entierren.

Y sí, en efecto, me estoy refiriendo a esa Mutualidad de la Abogacía que en el año 2017 perdió en torno a 54 millones de euros en acciones del Banco Popular, como el que pierde unas fichas jugando al parchís, adquiridas en su mayoría en la ampliación de capital operada por esa entidad en 2016, sin que a nadie de su Junta de Gobierno, Equipo directivo y Consejo Asesor, se le pidiese la más mínima, no ya responsabilidad, sino al menos una pequeña explicación; y es que indiscutiblemente nadie podía auspiciar como acabaría esta entidad financiera, pero desde luego sí era total y absolutamente previsible que se trataba de una mala inversión, puesto que el banco recurrió a métodos tales como obligar a sus empleados a imponer la suscripción de acciones a la venta como condición para otorgar crédito a clientes de dudosa solvencia, siendo de conocimiento público y notorio que suscribir capital de una ampliación precedida de otra ocho años antes, y tras presentar la compañía las peores cuentas de su historia, con una pérdidas de 3.485 millones y una morosidad que cerró en el 14,6% en ese ejercicio, no era la más aconsejable de las inversiones para quien gestiona los fondos de los que dependen las jubilaciones de unos cuantos cientos de miles de personas.

A la vista de la libertina impunidad imperante, y compro- bando que los mutualista seguíamos ensimismados en la resolución de los asuntos derivados de no quitarse jamás la toga, a finales de marzo la Mutualidad convocó Asamblea General para el 17 de junio, en cuyo orden del día figuraban (punto 7o finalmente retirado del orden del día y excluido de la votación) importantes modificaciones estatutarias que, en síntesis, supondrían la implantación de un sistema de aportaciones cuya cuantía anual se determinará con base al nivel de ingresos durante el ejercicio fiscal de cada mutualista, de manera análoga al nuevo sistema de cotización del régimen especial de trabajado- res autónomos, pero sin garantizar una pensión mínima, ni una incapacidad temporal, permanente y absoluta en términos igualmente análogos a los legalmente contemplado para dicho régimen de cotización.

A mayor abundamiento, por esas fechas también se confirma que la Mutualidad venderá su sede por precio inferior al valor de mercado, a satisfacer en cómodos plazos sin intereses, al Colegio de Abogados de Madrid.

Finalmente, la magnitud de estas últimas averías ha propiciado el nacimiento del Movimiento #J2, movimiento de generación espontánea integrado por Abogad@s para garantizar una Jubilación adecuada al colectivo profesional, al que progresivamente se han ido uniendo Abogad@s de toda España; ya es rara la provincia que no cuenta con un grupo o varios grupos de WhatsApp integrados por centenares de compañeros cada uno, por lo que el número de mutualistas descontentos e integrados en este movimiento son muchísimos más de los 1.000 que torticeramente apuntan desde la mutualidad apuntan.

La Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, es una Institución de Previsión Profesional creada en 1948 a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, con carácter indefinido.
Tiene naturaleza de Mutualidad de Previsión Social y como entidad aseguradora privada sin ánimo de lucro ofrece modalidades de seguro de carácter voluntario, complementario y alternativo al sistema público de Seguridad Social, mediante aportaciones a prima fija de los mutualistas, de otras entidades o de personas protectoras.

Hasta el año 1995, coincidiendo con la aprobación y publicación de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Mutualidad fue el sistema de previsión social alternativo al RETA de carácter obligatorio para ejercer por cuenta propia, y no es hasta ese año cuando se abrió la posibilidad de optar entre mutualidad y RETA. De este modo, quienes se colegiaron con anterioridad, sufrieron una grave discriminación al no tener acceso tan siquiera al sistema público de salud.

Desde entonces, la gran mayoría de nuevos colegiados y colegiadas optaban por la primera, básicamente porque las cuotas a satisfacer en los primeros años de ejercicio eran bastante inferiores a las satisfechas en régimen especial de trabajadores autónomos, toda vez que la propia Mutualidad, bien secundada por nuestros colegios, desplegaba una fuerte campaña de publicidad centrada en vender sus bondades frente al RETA, y lo cierto es que al menos la renta vitalicia que se garantizaba era muy similar a la pensión mínima para trabajadores autónomos.

En el año 2005, la Mutualidad pasó del sistema de capitalización colectiva a uno de capitalización individual, lo que provocó un fuerte debate ya entonces, nuevamente silenciado con la eficaz colaboración entre mutualidad, quien no escatimó esfuerzos y medios en forma de publicidad centrada en mostrarse como la mejor opción posible frente al RETA, y los colegios de abogados.

Esta modificación sustancial de las reglas del juego generó que muchos, sin haber tenido derecho a opción alguno, quedarán atrapados en un sistema alternativo al público, la Mutualidad, que por una nueva reforma legal dejó de asegurar pensiones vitalicias equivalentes al RETA, para constituir en esencia unos planes de pensiones individuales, que muy lejos de lo prometido, dan lugar al cobro de unas pensiones ridículas.

Por otro lado, además de quienes no tuvieron la posibilidad de opción alguna, también estábamos los que sí que pudimos optar por un sistema u otro, y que por el poco tiempo en alta que llevábamos, no perderíamos gran cosa si nos pasábamos al RETA; pero nuevamente la Mutualidad, con la inestimable colaboración de los colegios de abogados, nos convenció de que este nuevo sistema era mucho más beneficioso, facilitándonos unas previsiones individualizadas que -ahora ha quedado demostrado- no eran ciertas, o al menos las variables tenidas en cuenta no eran reales, encontrándonos en la misma angustiosa situación que nuestros compañeros más antiguos.

Sin duda, fue en aquel lejano 2005 cuando los intereses de la mutualidad y los de los mutualistas dejaron de ser los mismos, puesto que de un plumazo dejamos de formar parte de una entidad que era de todos, para pasar a ser los asegurados de una compañía de seguros con determinadas peculiaridades impuestas ex lege, a quienes exprimir en beneficio de la compañía y en última instancia de las privilegiadas personas que forman parte de su Junta de Gobierno (755.000,00 euros en compensaciones más 118.000,00 euros en gastos de viaje durante el año 2022), Equipo Directivo (2 personas con contrato de alta dirección por importe de 436.000,00 euros, y una prima en una póliza individual de accidentes para todos los directivos cuya prima asciende a 236.000,00 euros), Consejo Asesor y 4 patronos (4.200,00 euros por acudir a cinco reuniones) de una Fundación paralela cuyos costes de funcionamiento no quedan justificados por su escuálida memoria de actividades.

¿Qué pretende el Movimiento #J2? Pues unas pensiones dignas para quienes durante toda su vida profesional han pagado religiosamente y sin rechistar las cuotas que la Mutualidad le han presentado al cobro, ni más ni menos, para lo que han articulado tres reivindicaciones/soluciones, cuales son:

1º) Mejoras fiscales en fase de Jubilación. Actualmente el tratamiento fiscal otorgado a nuestras aportaciones es el mismo a un simple plan de pensiones complementario, siendo injusto que la recuperación de importes tribute cono rendimientos del trabajo, solicitando la exoneración impositiva y su mejora tanto en fase de aportación como de rescate.

2º) Posibilidad de traslado al RETA. A la vista de lo acontecido, resulta evidente que hemos quedado atrapados por un instrumento y mecanismo del sistema financiero no adecuado para satisfacer las necesidades económicas inherentes a la jubilación y vejez de las personas, constituyendo una solución a esta situación la creación de un entorno o ventana a modo de pasarela que permita la posibilidad, puntual y voluntaria, para los Mutualistas que lo deseen, de recuperar sus aportaciones con destino al RETA y canjear su capital acumulado por años de cotización, computando los años de cotización en la Mutualidad y convirtiendo el capital acumulado en bases de cotización al RETA.

Para facilitar la transición, esta ventana podría ser total o parcial requiriendo aportaciones extraordinarias personales, siendo necesario el negociar entre estado, mutualidad y mutualistas las claves de este mecanismo.

En cualquier caso, se debe garantizar a todos los Abogad@s, en función de sus años de ejercicio y cotización a la Mutualidad, el derecho a una pensión pública mínima digna, en condiciones similares a los cotizantes en RETA.

3º) Mejoras en la compatibilidad cobro de pensión y ejercicio profesional. Muchos abogados, incluso con la implantación de las medidas propuestas, van a tener la necesidad de compatibilizar el cobro de sus exiguas pensiones con el ejercicio profesional aunque sea en una modalidad reducida, siendo necesaria la adopción de mejoras en tal sentido.